La mayoría de los españoles se sienten satisfechos de pertenecer a la Unión Europea. Según las encuestas del Eurobarómetro[1], la aprobación de los españoles es superior a la media europea y consideran mayoritariamente que nuestro país se beneficia de Europa. Posiblemente esto sea debido a que los ciudadanos desconfían de nuestra clase política y creen que Europa es una garantía que protege sus derechos democráticos, creencia heredada de los tiempos de la transición.
Lo cierto es lo contrario. La entrada en la Unión Europea supuso el desmantelamiento de nuestro capital industrial. El déficit por cuenta corriente y el consiguiente endeudamiento externo se hizo crónico tras la entrada en la UE y creció espectacularmente a partir del euro.
La crisis económica, la caída en el producto nacional que se inició en 2008, ha sido la más profunda y larga desde la guerra civil española. Nuestro PIB sigue siendo inferior al de antes de la crisis.
La deuda pública en porcentaje sobre el PIB es la mayor de nuestra historia, más del doble del ratio anterior a la entrada en la UE.
En lo que respecta a la democracia, entrar en la Unión Europea y el euro ha significado la pérdida de control democrático sobre las políticas económicas y, como consecuencia y por imposición de la UE, las conquistas del estado del bienestar se están deteriorando gravemente.
Los instrumentos mediante los que un gobierno puede controlar la economía de su país son de tres tipos:
- Los instrumentos de la política monetaria, es decir, la emisión de dinero y la fijación de los tipos de interés; la posibilidad de devaluación monetaria frente al exterior. España perdió totalmente el control de estos instrumentos al entrar en el euro.
- Los instrumentos de la política fiscal, es decir, los impuestos y los gastos del gobierno. La entrada en la UE requirió una reforma fiscal en un sentido regresivo (el IVA) adaptada a las normas europeas y la entrada en el euro implicó unos compromisos que limitan gravemente nuestra soberanía.
- La potestad de regulación de los mercados (agrícolas, industriales, laborales, inmobiliarios, financieros, etc.). Al entrar en la UE España renunció a gran parte de su soberanía y poder regulatorio, incluyendo nuestra capacidad de negociación de acuerdos comerciales con otros países. Tras el rescate bancario de 2012, el control de las instituciones europeas sobre la legislación española es aún mayor. La liberalización del mercado de trabajo es una de sus consecuencias más visibles y dolorosas.
No todo es malo. Ciertamente las normas europeas de protección al consumidor son mucho más avanzadas que las que hubiéramos podido imponer siendo un país independiente. Los tipos de interés son mucho más bajos de lo que sería normal para un país de nuestro tamaño. Sin duda el poder de la UE puede conseguir condiciones más beneficiosas al negociar la pesca con Marruecos que las que tendríamos negociándolas como país independiente. Pero esos tipos de interés descontroladamente bajos provocaron la burbuja inmobiliaria y los acuerdos y tratados de la UE con otros países pueden resultar perjudiciales para el nuestro.
En la práctica, España es una colonia de la UE. Nuestra economia está controlada por la metrópoli de Berlín y Frankfurt que la gestiona según sus intereses: perpetuar el superávit comercial de Alemania y reforzar cada vez más su posición dominante, su poder. Nuestra posición en la UE es la típica de una estructura centro-periferia.
En resumen, contrariamente a lo que creen nuestros conciudadanos, la pérdida de soberanía significa pérdida de democracia, pérdida de la capacidad de decidir sobre las políticas económicas que más nos convienen. Y como consecuencia de ello nuestra situación económica es más débil y frágil que si fuésemos un país independiente.
[1] https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Chart/index http://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/Eurobarometer.aspx
ECONOMÍA Y PODER 