En la prensa y en las redes sociales se está celebrando el éxito del que llaman “Experimento en Finlandia de Renta Básica Universal”. Perdonad que me ponga mijitas, pero hay que aclarar las cosas para evitar malentendidos. No se puede llamar “Renta Básica Universal” a las rentas básicas que se van a entregar durante solo dos años a solo 2.000 personas.
Lo que se está experimentando es una renta básica que se podría llamar “incondicional” porque los beneficiarios la seguirán cobrando aunque encuentren y acepten un trabajo temporal o fijo. Pero para recibirla había que cumplir al menos, que yo sepa, cuatro condiciones: ser finlandés, residente, estar en paro en la fecha del sorteo… y que les sonriera la fortuna. En Finlandia en enero de 2017 había 242.000 personas desempleadas, el 9,2% de la población activa.
El importe es de 560€ mensuales. En Finlandia no hay un “salario mínimo interprofesional” pero esa cantidad es menos de la mitad de los salarios mensuales más bajos que se puedan encontrar en el país. Además, parte de ese importe se hace en sustitución de otros beneficios por desempleo que tenían las personas beneficiadas. En total el dinero invertido en el experimento es 20 millones de euros para 2.000 personas durante dos años, lo que significa que tocan a 5.000€ por año, es decir, doce pagas de 417 €/mes.
En cualquier caso, la ventaja de este tipo de renta básica es evidente: no se pierde el derecho a recibirla aunque se vuelva a trabajar por lo que no se desalentará que las personas que lo reciban sigan buscando activamente empleo.
Las encuestas que se hicieron en Finlandia descubrieron que el 70% de la población estaba a favor del experimento… pero el porcentaje se redujo al 35% cuando se informó que se financiaría mediante subidas de impuestos. La ley, promovida por el actual gobierno de centro-derecha, fue aprobada en el parlamento finlandés por el partido centrista, los verdes, la izquierda radical y la derecha ultraliberal que quiere acabar con las prestaciones del estado de bienestar. Se opusieron los conservadores, los socialdemócratas y los grandes sindicatos.
El experimento empezó en enero de 2017 y el organismo que lo lleva a cabo no ofrecerá ningún dato sobre los resultados hasta que acaben los dos años, por lo que es muy pronto y muy infundado hablar de éxitos.
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